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El pasado 7 de noviembre se desarrolló en Ginebra el Examen Periódico Universal (EPU) de México.
El EPU es un escrutinio de la situación de los derechos humanos en un país determinado, realizado por los 193 países miembros de Naciones Unidas. El objetivo es hacer efectiva la vinculatoriedad de los tratados internacionales de protección de los derechos humanos y, al mismo tiempo, proponer soluciones a contextos de violaciones que estén ocurriendo en dicho país.
¿Qué es lo que sucedió en el último examen mexicano? Como era de esperarse, uno de los temas más tocados durante dicho proceso fue la situación que sufren las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en México. Lo anterior responde, en parte, a la contribución de los informes sombra de organizaciones como APC, Artículo 19 y R3D. Tales organizaciones – entre muchas otras, por cierto - trabajaron a favor de que este tema fuese el principal dentro del EPU mexicano.
Las recomendaciones que surgieron por parte de los países fueron categóricas: México debe hacerse cargo de la realidad que viven miles de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos en su país. Sólo para tener una idea de lo que ocurre en México, según Artículo 19, 12 periodistas fueron asesinados/as en el 2017, siendo este el año más sangriento desde el 2000; además, hubo un aumento de un 144% en los ataques a periodistas entre el 2012 y el 2017. En el examen hubo al menos 28 recomendaciones con el objeto de revertir esta grave situación. Diversos países, desde Albania hasta Suecia, dieron cuenta que es necesario, entre otras cosas, “investigar los ataques a defensores de derechos humanos y periodistas” (Alemania), “castigar a todos los perpetradores de los serios crímenes, incluyendo los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos” (Hungría), y “reforzar los mecanismos de protección de los defensores de derechos humanos y periodistas” (Suecia y Francia).
En este mismo sentido, también hubo eco en relación a las denuncias que APC, R3D y Articulo 19 realizaron en torno a cómo el estado mexicano vigila y monitorea a periodistas y a quienes defienden los derechos humanos mediante spywares y softwares de vigilancia. En este sentido, R3D fue enfático en que “el Estado Mexicano utilizó [un] malware de vigilancia (…) con el propósito de espiar a defensores de derechos humanos”. Si bien es cierto que no hubo un pronunciamiento formal dentro del pleno del examen periódico, sí hubo preguntas de avanzada realizadas por Alemania, el Reino Unido y Suiza. Específicamente, Alemania solicitó a México responder a la siguiente pregunta: “¿Cómo es que se investigó el uso de spyware para vigilar a periodistas y defensores de derechos humanos y cómo es posible prevenirlo en el futuro?”
Del mismo modo, el Reino Unido cuestionó: “¿De qué manera garantiza el Estado mexicano que el Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos sean medidas de protección integrales que permitan respuestas personalizadas a periodistas, defensores de los derechos humanos y sus familias en peligro (frente a ataques físicos, psicológicos y digitales)?”
Si bien no hubo una respuesta formal y específica por parte del Estado mexicano, las preguntas lograron desnudar ante la comunidad internacional la grave situación de vigilancia digital que han vivido (y viven) periodistas y defensores/as de derechos humanos a lo largo de México; algo digno de rescatar para las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos en línea.
Otra de las notables consideraciones que se realizó en el EPU de México fue el acento puesto de parte de los países miembros en combatir las desigualdades de género, la violencia contra las mujeres y, particularmente, la ola de feminicidios (“femicides”) que hace mucho tiempo tienen lugar en el escenario mexicano. Varios países entregaron distintas recomendaciones para combatir la violencia hacia las mujeres, desde “evaluar y fortalecer los mecanismos de alerta para la violencia de género y sistematizar la aplicación de protocolos de investigación en los crímenes de feminicidios” (Francia), hasta “conducir mediante una investigación independiente e imparcial los feminicidios, asegurando que los perpetradores sean llevados a la justicia garantizando reparación a las víctimas y sus familias” (Bélgica), por nombrar sólo dos ejemplos.
Mención especial merecen las recomendaciones interseccionales sobre defensoras de derechos humanos en México y la violencia que este grupo sufre en particular. APC ha levantado la voz para que se reconozca que “feministas, periodistas, activistas de derechos sexuales y defensoras de DDHH (…) están sujetas a más violencia basada en el género y limitaciones a la libertad de expresión” que otros grupos. Lituania, por ejemplo, recomendó establecer medidas efectivas y transparentes para las defensoras de derechos humanos y periodistas con una perspectiva de género. Del mismo modo, Islandia llamó a reconocer el importante trabajo que realizan las mujeres defensoras de derechos humanos, asegurando su efectiva protección en contra de las amenazas y las violencias que sufren como consecuencia de su trabajo y su identidad de género.
Finalmente, se espera que el Estado de México no sólo acepte tales recomendaciones y de cuenta de la situación particular que viven mujeres, periodistas y activistas de derechos humanos sino que, además, reconozca en forma expresa las situaciones de vigilancia en línea que organizaciones de la sociedad civil han venido denunciado y que, por primera vez en las revisiones periódicas de México, han sido explicitadas como un asunto a resolver de manera inmediata y efectiva.
Imagen por Eneas De Troya publicada bajo una licencia Creative Commons en Flickr.
