Por APCNoticias e Internet Ciudadana
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El poder cada vez mayor de grandes corporaciones sobre internet y las tecnologías digitales supone amenazas para los derechos humanos y el desarrollo equitativo de las personas. ¿Qué iniciativas se están llevando a cabo para abordar esta cuestión desde ámbitos estatales? Internet Ciudadana, iniciativa que busca generar un espacio latinoamericano y caribeño para construir agendas comunes hacia la internet de los pueblos, organizó un conversatorio virtual para abordar esta cuestión en el ámbito latinoamericano.
Necesidad de una regulación al servicio de las personas y sus derechos
Sobre la necesidad de regulación, la periodista británico-ecuatoriana Sally Burch, directora de la Agencia Latinoamericana de Información, señaló que si bien en los inicios de internet se reivindicó a la red como un espacio libre que no necesita regulación, esta situación ha cambiado, en particular por la creciente concentración y control que ejercen de hecho las principales plataformas con las que interactuamos. "El modelo de negocio de estas corporaciones se basa en la recolección y procesamiento de datos de todo tipo, dejando a las personas en situación de indefensión y ejerciendo competencia desleal frente a pequeñas y medianas empresas", destacó.
En la misma línea intervino Paula Martins, Líder de incidencia política en derechos humanos de APC, señalando que internet continúa teniendo un gran potencial para el ejercicio de derechos y para el desarrollo social y económico, pero también conlleva riesgos que hoy se comprenden mejor. Entre los principales cambios de la última década, señaló, "puede observarse que la red es mucho más amplia, con una influencia mayor y más compleja, y con una nueva configuración del mercado y la economía en torno a internet que coloca en una posición de enorme poder a actores que operan a partir de reglas definidas por ellos mismos".
En cuanto a la regulación, Martins señaló que "el problema es que se está regulando, pero no siempre de manera positiva para usuarios y usuarias. ¿Qué tipo de regulación se necesita para mantener y reforzar la internet que queremos? Una internet global, abierta, libre, descentralizada, que esté realmente al servicio de las personas y de sus derechos tanto de manera individual como colectiva”.
El caso de Brasil, Uruguay y Ecuador
El conversatorio hizo hincapié en el caso de tres países. El primero, Brasil, donde existe un entorno normativo lleno de contradicciones que conllevan una gran inseguridad jurídica. Según Renata Mielli, coordinadora del Centro de Estudios de Medios Alternativos Barão de Itararé y miembro de la Coalición por los Derechos en la Red, legislar en un entorno aí es complejo debido a la cantidad de intereses involucrados. Esto incluye también los avances e materia de inteligencia artificial, que están contando con muy poca participación social, a pesar de su gran impacto en la configuración de la sociedad.
En cuanto a Uruguay, en 2008 se aprobó una ley de protección de datos personales que parte de que el marco de derechos humanos es también aplicable en su dimensión en línea. Según Enrique Amestoy, activista por la Soberanía Tecnológica y administrador de sistemas y programador en la comisión sectorial de investigación científica de la Universidad de la República de Uruguay, uno de los principales logros de los últimos años en Uruguay, y que puede sentar un precedente para el resto de países latinoamericanos, es la obligación del Estado de alojar los datos y los sistemas informáticos de la administración central en centros de datos seguros situados en territorio nacional.
En Ecuador se han dado avances en protección de datos, pero continúa la criminalización de prácticas digitales de seguridad, señaló Valeria Betancourt, Directora del Programa de políticas de información y comunicación de APC. "La legislación y la regulación intermedia relativa a derechos digitales en Ecuador se efectúa en un contexto de gran polarización política, lo que incide en el deterioro de la calidad del debate público", señaló.
Betancourt incidó también en el caso de Ola Bini, miembro de la comunidad de seguridad informática que sufre desde años una persecución judicial. "Justamente cuando pensamos en llevar a la práctica el derecho a la privacidad y a comunicarnos de manera segura en el entorno digital, no podemos dejar de referirnos a la importancia crucial del trabajo que Ola Bini y la comunidad de seguridad informática realiza en torno al desarrollo de herramientas de protección de ese derecho, la identificación de vulnerabilidades de las infraestructuras digitales públicas y privadas y la búsqueda de soluciones para mejorar la seguridad de esas infraestructuras", señaló.
Webinario: "Nuestro futuro digital: ¿Avances o retrocesos en las políticas públicas y legislación en América Latina?"
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"Observaremos la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Ola Bini"
