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Si las últimas reacciones contra personas vinculadas a WikiLeaks – sobre todo por parte del gobierno de Estados Unidos — no se consideran violaciones a los derechos humanos, quedará establecido un precedente peligroso. Respetar la libertad de expresión y el acceso a la información significa que todos los gobiernos tienen la obligación de no llevar a cabo acciones contra sitios de denuncia y los individuos que los mantienen.
Adoptar medidas legales contra el personal o los y las informantes de WikiLeaks atenta contra la responsabilidad de proteger la libertad de expresión y los derechos civiles de las personas. Los derechos humanos del director de WikiLeaks, Julian Assange, y de Bradley Manning, sospechoso de ser informante, deben estar garantizados por el derecho internacional.
El gobierno de Estados Unidos, igual que cualquier otro país signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, debe proteger a los individuos vinculados con WikiLeaks. De lo contrario está violando las leyes internacionales sobre derechos humanos.
APC, la red progresista en línea con más trayectoria del mundo, fundada en 1990, considera que en el caso de WikiLeaks se están pasando por alto aspectos fundamentales relacionados con la protección de los derechos humanos.
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