Por AF Publicado en APCNoticias Montevideo,
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La iniciativa de APC “Espectro abierto para el desarrollo” se orienta a favorecer un conocimiento más amplio de la regulación del espectro a través de estudios de la situación en África, Asia y América Latina. En este marco, cada uno de los cinco países de América Latina realizaron un informe que presenta la situación nacional respecto al tema del espectro. APC habló con Maicu Alvarado y Gabriela Perona de CEPES, autores del informe nacional de Perú.
APC: ¿Cuales son las principales oportunidades y obstáculos que identifican para el uso del espectro?
Maicu Alvarado (MA): Perú ha ido avanzando en el ingreso de nuevas tecnologías, como la televisión digital terrestre, la expansión de los móviles, incluso también el desarrollo de tecnologías inalámbricas y nos parece que hay un contexto favorable para discutir, generar políticas y tomar acciones que permitan ampliar el acceso a internet. El escenario por tanto es interesante para pensar en una estrategia de uso del espectro. De hecho, esto también es parte de un contexto internacional. Pero la capacidad real no se puede medir porque no existe una capacidad institucional a nivel de gobierno – y también de otro tipo de organizaciones – que permita medir el aprovechamiento de estas oportunidades.
Gabriela Perona (GP): Durante la investigación no pudimos identificar que haya una discusión más importante o más enfocada en qué es lo que se necesita en el contexto del país para poder aprovechar estas oportunidades. Las autoridades y las organizaciones no lo están pensando. En ese sentido, la oportunidad real de aprovechar esta situación pasaría, en principio, por pensar en qué empresas, fabricantes, distribuidores de equipos se requieren, para aprovechar ciertas frecuencias. También pensar en los proveedores de internet, no solo en los grandes sino también en los pequeños. ¿Cuáles son las condiciones para que puedan dar servicios o revender servicios? Luego también sentimos que se requiere hacer mucha más investigación e incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, para pensar qué estrategias podemos utilizar para aprovechar esa oportunidad. Y también una participación mucho más activa de las universidades e institutos…
APC: ¿Por qué no se está pensando? ¿También se trata de falta de información respecto al tema?
MA: Sí, de hecho sí. El hecho de que no aparezcan empresas fabricantes y distribuidoras de equipos tiene que ver con que no se está aprovechando la oportunidad que está ofreciendo la migración de la televisión, por ejemplo, pero también con que hay una falta de información respecto de cómo se va a realizar esa migración, en qué plazos, en qué momento las frecuencias van a quedar libres, qué es lo que está pensando el gobierno para la utilización de esa frecuencia, qué está sucediendo en otros países para utilizar WiFi en las bandas que antes utilizaban los canales de televisión. Pienso que un problema es que se considera que este es un tema técnico y eso también es por falta de información. La difusión de información más oportuna ayudaría a aprovechar estas oportunidades que están hoy desaprovechadas.
APC: ¿Creen que en el país hay condiciones para operar en los espacios blancos de televisión? ¿Conocen experiencias del uso de tecnologías de radio cognitivas?
GP: En principio, en el país, la política de uso de dividendo digital todavía no se ha formulado, incluso consideramos que no se está discutiendo. Consideramos que por el contexto va a haber mucha presión de las empresas, tanto de telecomunicaciones como de grandes cadenas de televisión y, si a eso se le suma que las autoridades consideran al espectro como un recurso, como algo que económicamente entra al Estado por medio de las concesiones y los concursos, puede haber riesgo de que no se esté pensando en liberar esas frecuencias para un uso más público o comunitario. Incluso se ha dicho que el dividendo digital se va a utilizar para tecnología 4G pero no se ha dicho si se van a concesionar las bandas – es lo más probable – o si se va a hacer por concurso público.
Van a quedar otras bandas pero sobre eso no se está discutiendo. Sobre las radios cognitivas, durante la investigación no hemos podido contar con esa información. Sin embargo, nos parece que podría ser interesante teniendo en cuenta que hay muchos espacios en zonas rurales donde esto podría funcionar.
MA: El hecho de que no haya radios cognitivas, es otro ejemplo de la poca promoción que hay para las alternativas de acceso inalámbrico a internet de parte de empresas más pequeñas que brinden ese acceso. Esto puede ser un ejemplo que indique el poco desarrollo de alternativas privadas, las pocas esperanzas que estos tienen de utilización del dividendo en ese tipo de usos. También es cierto que la migración digital en Perú va a demorar bastante. El plazo que se está poniendo es 2024. Mientras tanto no se sabe cuánto tiempo las televisoras – que utilizan ahora las bandas analógicas y que ya están usando las bandas digitales – van a estar utilizando las dos.
Algo que se puede hacer, al mismo tiempo que se fijan los plazos largos que pueden ser comprensibles para que se genere el mercado digital, es ir definiendo cuáles van a ser los usos de los espacios que van a quedar libres y también fomentar la expansión de servicios alternativos. Hay pequeñas ciudades donde no llega la televisión analógica y allí las frecuencias están libres. En esos lugares ya se podrían hacer experiencias pero hay presiones de las grandes operadoras para que estas frecuencias sean utilizadas para telefonía celular. Y en Perú no existe un proveedor de servicios e internet fuerte que pueda hacer contrapeso a las demandas de los operadores de telecomunicaciones, que son los principales proveedores de acceso a internet.
GP: Las posibilidades de realizar experimentos en este tiempo de transición digital se limitan, porque dentro del plan de transición no se está pensando en qué se va a hacer con el dividendo.
APC: ¿En qué medida juegan las lógicas comerciales y en qué medida la atribución responde a las necesidades de la población?
MA: En Perú, no solo en el campo de las telecomunicaciones sino en general, las lógicas comerciales son las que dominan las discusiones para la definición de políticas. Todo el sector de telecomunicaciones se rige en el marco de una política: “Lineamientos de apertura del mercado de telecomunicaciones”. Lo que busca esa política – como las demás políticas del país – es el crecimiento económico. Eso hace perder de vista cuáles son las necesidades de la población, incluso las necesidades de desarrollo, entendiendo desarrollo como calidad de vida. Todos los procesos de asignación y distribución del espectro responden a lógicas comerciales. Los espacios blancos de televisión y el dividendo digital en principio también responderían a estas lógicas. Si la tendencia continúa, se va a tratar de conseguir recursos para que el dividendo digital genere ingresos económicos y que los que operen en esas frecuencias masifiquen servicios.
GP: Además de que no se piensa desde una perspectiva de las necesidades de la población ni de desarrollo de todos los sectores como educación, cultura, agricultura, salud. El gobierno electrónico todavía es muy débil, no se brindan buenos servicios, la conectividad en algunas zonas fuera de las ciudades principales es muy baja. Incluso la decisión de pasar a la televisión digital, la fibra óptica, el Plan Nacional de Banda Ancha, todo está enfocado al crecimiento económico y la innovación tecnológica y que esta sirva para las empresas pero no para las capacidades y las libertades.
APC: ¿Hay un contexto adecuado para emprendimientos novedosos con impacto social usando el espectro?
MA: Hay pequeñas empresas de emprendedores, sobre todo en zonas rurales y en ciudades medianas o pequeñas, que están brindando servicios de acceso a internet a través de conexiones inalámbricas, usando antenas WiFi de 2,4 GHz en su mayoría. Instalan torres y dan ese servicio a colegios, instituciones, cabinas públicas, en general a personas que están en lugares donde no hay otro tipo de conexión a internet. Ahora quizás los celulares están dando conexión a internet que está llegando a varias zonas rurales pero eso es muy reciente y esas otras empresas ya tienen algunos años. Esos emprendedores revenden la conexión a internet que ellos compran o alquilan a los grandes operadores. Esa reventa no está permitida, por tanto estos emprendimientos son informales. Pero están allí y las empresas de telecomunicaciones están haciendo la vista gorda.
Existe un know how más o menos descentralizado por la expansión de las cabinas públicas. También hay una característica de emprendedorismo en las ciudades rurales. Y existen empresas medianas que brindan este tipo de conectividad para servicios privados y eso sí está permitido. Estos son emprendimientos que en general tienen un impacto social positivo y es una señal de que algo bueno puede ocurrir ahí.
GP: También lo que sucede es que estas iniciativas terminan siendo ilegales, informales, poco difundidas, porque las políticas de gobierno no están apuntando a mercados locales y a una participación de pequeñas empresas u organizaciones de base y organizaciones civiles. Y estas limitaciones se dan tanto que no existen posibilidades de que estas organizaciones participen de los concursos públicos – por falta de capital pero también porque no existe ninguna forma de generar mayores capacidades ni asesoramiento. Estas empresas pequeñas tampoco tienen capacidad técnica o conocimiento para poder desarrollarse. Es interesante ver que existen estas opciones y sería bueno que se difundan y que se busque cómo articularlas.
MA: Hay algunas señales de que el gobierno podría estar cambiando algunas formas de construir las políticas en el país y quizá ese contexto pueda ser también adecuado para cambiar las políticas de telecomunicaciones.
APC: ¿Consideran que las políticas de espectro son adecuadas?
MA: En el país, las políticas son desarrolladas principalmente por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y por el organismo regulador, OSITEL. Hay una debilidad muy grande en la sociedad civil para participar de forma concertada en esto, no tienen una participación institucionalizada. Vale decir que en algunos casos las organizaciones de la sociedad civil sí han tenido alguna incidencia cuando se organizan. Por ejemplo, en el caso de la banda de 2,4 GHz: en Perú esa banda estaba concesionada y la incidencia de la sociedad civil permitió que se liberara. Debe fortalecerse la participación de la sociedad civil para que se pongan en discusión otras cosas, porque la discusión gira siempre alrededor de lo que dispone el Ministerio.
GP: Lo que es cierto es que en temas de políticas de regulación del espectro, el gobierno no ha pensado en políticas que sean más a largo plazo y que sean flexibles. Y al mismo tiempo han ido privilegiando que las bandas sean concesionadas a empresas. Esta poca participación y poca investigación también genera que haya un vacío para la formulación de políticas, porque no hay información para poder participar sobre ellas. Entonces las políticas están siguiendo no solo el camino de las empresas – que sí participan activamente- sino que también se copian normas internacionales pero no se discuten las condiciones acordes al contexto del país, si conviene o no.
APC: ¿Entienden que hay condiciones dadas para la intervención de otros actores?
GP: Durante la campaña electoral se habló de crear un consejo consultivo que involucre a organizaciones de la sociedad civil para que hubiera una decisión más participativa de cómo se atribuían las frecuencias pero a esta idea no se le prestó atención porque no es un tema que esté presente en la agenda. Tampoco se han dado señales de que se vaya a concretar una ley. Podría ser interesante crear un consejo consultivo. No hay ningún mecanismo que permita que se concrete una participación efectiva.
MA: En el informe recomendamos la implementación de un observatorio del espectro radioeléctrico que permitiera una participación constante de organizaciones de la sociedad civil para hacer vigilancia del uso del espectro, auditoría y hacer incidencia. Se necesita también un liderazgo. En Perú la Red Científica Peruana lideraba todos estos temas pero se encaminó más hacia el lado comercial, dejando un espacio vacío.
GP: A nivel de las instituciones gubernamentales hay facilidad de solicitar la información y acceder a ella. Se puede ver qué concesionarios tienen qué frecuencias, qué rangos, por cuanto tiempo, cuál es la norma que lo sustenta. Pero en general son marcos legales amplios, con su propio lenguaje técnico. Se requiere un esfuerzo de traducir, hacer más masticable la información y poder ponerla en otros formatos que vinculen el tema del espectro, las frecuencias, los procesos políticos y los derechos que están alrededor de este tema hacia la ciudadanía y hacia organizaciones que trabajan con TIC.
APC: ¿Su organización podría tener alguna participación en un proceso de auditoría?
GP: Esta investigación en particular nos ha abierto mucho más interés en la investigación y la incidencia en el tema de telecomunicaciones, específicamente en el tema de espectro, porque CEPES ha venido desarrollando durante varios años proyectos e investigaciones que tienen que ver con acceso a las TIC en zonas rurales. Los conocimientos que tenemos en el campo y en el uso de las tecnologías nos potencian porque nos dan idea de cuáles son las políticas, cuáles son las necesidades de articular las iniciativas que hay en el país. Nos encantaría poder liderar una iniciativa como esta y vincular a distintas organizaciones con las que tenemos contacto por distintos proyectos.
Esta es una entrevista realizada a Maicu Alvarado y Gabriela Perona de CEPES, autores del informe nacional de Peru, como parte de la iniciativa de APC Espectro abierto para el desarrollo, que se orienta a brindar un mejor conocimiento de la regulación del espectro a través del estudio de la situación en África, Asia y América Latina. Este proyecto forma parte de la iniciativa ‘Action Research Network’, financiada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá (IDRC).
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