Por María Eugenia Hidalgo QUITO,
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Ecuador es un país con una de las más bajas penetraciones de internet de banda ancha en la región, un 2,7%. Pese a que ha existido una institución para garantizar el acceso universal y se han escrito planes para fomentar la conectividad, el acceso universal a internet se concentra en dos ciudades con alta densidad poblacional.
El surgimiento de las tecnologías inalámbricas, especialmente Wi-Fi, ofrece una alternativa para el acceso a internet en zonas no rentables para el mercado y sin infraestructura, especialmente las zonas rurales. La nueva Constitución y las reformas que el Gobierno está imprimiendo en el modelo de Estado, con una tendencia a llevar a la práctica los derechos a través de una fuerte presencia estatal en la provisión de servicios e infraestructura, configuran un ambiente favorable a la aplicación del concepto de acceso universal.
¿Para qué redes inalámbricas de interés social?
Las redes inalámbricas comunitarias han surgido como una opción real para las zonas rurales de Ecuador. La red de CAMARI es un ejemplo de ello. Se trata de un sistema de información para productores que forman parte de un sistema solidario de comercialización. El sistema desplegado a través de una red inalámbrica conecta a diez empresas micro y pequeñas de campesinos y artesanos, a través de centros de acceso a internet (infocentros comunitarios), y a fuentes de información sobre productos y servicios. Al acceder a información sobre los mercados locales, nacionales e internacionales los productores pueden evitar los intermediarios y obtener más ganancias. Y esto no funciona únicamente en la teoría: en su primeros dos años de implementación se incrementó el volumen y monto de las comercializaciones.
Otra experiencia exitosa cubre las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo y aprovecha la convergencia tecnológica al conectar internet y la radio como medio de comunicación. El servicio de internet fue un valor agregado de una radio comunitaria que se realizó con la visión de optimizar y diversificar la labor realizada desde hace diez años por Radio Latacunga. A través de esta red fluye la información en audio en vivo entre “centros de comunicación comunitarios” que cuentan con una intranet. De esta forma, las poblaciones indígenas y campesinas acceden no solo a internet sino que se conectan con actores externos como los migrantes de las propias comunidades.
¿Qué pasa con la ley?
Luego de los procesos de privatización en los países de la región se crearon fondos de cobertura universal. Es así como las empresas de telecomunicaciones deben aportar parte de su facturación para cubrir las zonas no rentables. En Ecuador este fondo se llama FODETEL.
El nuevo gobierno promovió un nuevo reglamento que, además de asegurarse fondos de manera más eficiente (las empresas de telefonía celular, por ejemplo, empezaron a aportar luego de años de demoras y emisiones), dio un marco de legalidad a las redes inalámbricas comunitarias. Hasta ese momento se aplicaba la misma reglamentación que para entidades con fines de lucro lo que implicaba, entre otras falencias, costos altísimos que las diferentes organizaciones sociales no podían costear.
El nuevo reglamento se ha formulado en un espíritu de abarcar la mayor variedad de actores sociales con la condición de que estén debidamente representados, lo que implica un grado básico de organización. Ha sido un gran logro que las redes inalámbricas puedan compartir el acceso a internet pese a la oposición de los proveedores de servicios de internet, pero es una lástima que las telecomunicaciones también estén limitadas dentro de la red (quedan excluidos, por ejemplo, servicios de telefonía).
Mirando hacia el futuro
El año 2008 marca un giro en el modelo de reforma porque la Constitución, vigente desde el 20 de octubre, restableció el carácter estratégico de las telecomunicaciones. El país se apresta a discutir el modelo de modernización que deberá plasmarse en una nueva ley. Las redes inalámbricas comunitarias constituyen una oportunidad que no debe desaprovecharse.
Este artículo se basó en una investigación de María Eugenia Hidalgo producida en el marco de CILAC, un proyecto del programa de políticas en América Latina de APC. Forma parte de una serie de cinco investigaciones sobre la reforma de las telecomunicaciones y el acceso a la banda ancha en América Latina.
