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Aunque Colombia tiene retos para garantizar el acceso a internet a toda la población, este medio se ha convertido en una herramienta esencial para el desarrollo de muchas actividades y el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso al conocimiento.
La legislación y jurisprudencia aplicable a internet no ha sido sistemática y muchas veces tiene importantes consecuencias para que internet siga siendo una herramienta libre y abierta. El principio de neutralidad de la red, por ejemplo, está desarrollado de tal manera que permite la creación de planes diferenciados según el mercado, lo que en la práctica puede implicar el desconocimiento de este principio. Las normas sobre vigilancia de las comunicaciones, por otro lado, aunque importantes para la investigación criminal, no cuentan con los debidos contrapesos y controles judiciales, ni obedecen a un análisis serio de necesidad y proporcionalidad, como es el caso de las facultades que tienen los organismos de inteligencia. Finalmente, aunque no hay sistemas de filtrado de internet, existe un régimen de bloqueo de pornografía infantil que, a pesar de perseguir fines enteramente necesarios, carece de controles y de la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa.
Los casos problemáticos demuestran que todavía falta mucho camino por recorrer en la aplicación de las normas existentes a situaciones ocurridas en la red. En un caso, un comentarista de una noticia en línea es condenado a prisión y multa por el delito de injuria. En otro, un estudiante está siendo procesado por violación a derechos de autor por compartir en una plataforma digital un material académico previamente publicado en internet.
Sin embargo, los casos más relevantes tienen que ver con el uso ilegítimo de herramientas de vigilancia. Se han producido condenas contra ex funcionarios del gobierno y de organismos de seguridad por interceptar ilegalmente comunicaciones de magistrados de altas cortes, líderes de oposición y periodistas. Un asesor de una campaña para las elecciones presidenciales aceptó cargos por interceptación ilegal de comunicaciones de funcionarios y demás actores involucrados en los diálogos de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Finalmente, investigaciones de organizaciones internacionales descubren sistemas de vigilancia de las comunicaciones y hackeo previamente ocultos a la opinión pública.
Ante este panorama, es cada vez más apremiante la necesidad de considerar normas internacionales de derechos humanos para los entornos digitales; fortalecer las capacidades judiciales, especialmente en lo relacionado con la comprensión de internet; desarrollar e implementar modelos de participación en la construcción de políticas y normas en torno a internet, que garanticen el involucramiento de la sociedad civil, la academia y la comunidad técnica por igual; y promover el seguimiento por parte de la sociedad civil de desarrollos legislativos, judiciales y administrativos que afecten a la red.
En este informe hacemos un rápido recorrido a través de la normativa vigente y los casos – judiciales y mediáticos – más relevantes que afectan, tanto positiva como negativamente, el ejercicio de los derechos humanos de la ciudadanía colombiana. En este sentido, revisamos normativas sobre la neutralidad de la red, delitos informáticos, protección de la infancia, actividades de investigación criminal y de inteligencia, de retención de datos y anonimato, destacando los problemas que muchas de estas normas presentan frente a la protección de los derechos fundamentales. También vemos algunos de los casos judiciales o reportados en medios de comunicación más emblemáticos, que servirán de testimonio para mostrar que aún falta mucho por recorrer para el reconocimiento y protección de internet como un espacio de ejercicios de derechos y libertades. Finalmente, presentaremos algunas recomendaciones que tienen como fin impulsar el potencial democratizador y de empoderamiento de la ciudadanía a través del acceso y uso de la red.
Este informe se ha elaborado como parte del proyecto Examinando los Derechos y las Libertades en Internet en Latinoamérica Informe nacional de Paraguay de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC). El proyecto está financiado por Open Society Institute (OSI) y APC y está coordinado por la ONG Derechos Digitales.
