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Hoy, 3 de abril del 2018, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, junto con 93 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, envió una carta al Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland. La carta aboga por transparencia y participación significativa de la sociedad civil en las negociaciones de un Segundo "Protocolo Adicional" al Convenio sobre Ciberdelincuencia (conocido también como el “Convenio de Budapest”). Este nuevo documento de alcance internacional tratará sobre el acceso transfronterizo de datos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Según las condiciones para las negociaciones, este instrumento puede incluir mecanismos para mejorar los Tratados de Asistencia Judicial Recíproca (MLATs en inglés) y permitir la “cooperación directa” entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y empresas para acceder a los “datos de subscripción” de las personas, ordenar la “preservación” de los datos y establecer “peticiones de emergencia”.
El próximo Segundo Protocolo Adicional está siendo negociado por el Comité de Cibercrimen del Consejo de Europa (T-CY por sus siglas en inglés), un comité que engloba Estados que son Partes en el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia, estados observadores y otros países, así como ciertas organizaciones. El T-CY tiene como objetivo finalizar el Segundo Protocolo Adicional en diciembre de 2019. Aunque el Consejo de Europa ha dejado clara su intención de “interactuar estrechamente con la sociedad civil”, los grupos de la sociedad civil exigimos estar incluidos durante todo el proceso —no sólo durante las Conferencias Octopus organizadas por el Consejo de Europa.
“Se necesita transparencia y oportunidades de aportación permanentes durante todo el proceso. Esto garantiza que la sociedad civil pueda escuchar a los Estados miembros y proporcionar asesoramiento concreto a las discusiones específicas que se lleven a cabo”, puede leerse en la carta. “Nuestra opinión puede construirse sobre la riqueza de la discusión entre los Estados y los expertos, un debate que la sociedad civil puede perderse si no estamos invitados a participar a lo largo del proceso.”
Las negociaciones en curso plantean “múltiples desafíos para la transparencia, la participación, la inclusión y la rendición de cuentas”, a pesar de que otros comités del Consejo de Europa son tradicionalmente muy inclusivos y transparentes. “Por tanto, pedimos al Comité de Cibercrimen del Consejo de Europa (T-CY) que desarrolle un plan detallado para tener sesiones informativas en línea después de cada reunión, tanto plenaria como de redacción, y que invite a la sociedad civil como expertos en las reuniones, como es habitual en todas las demás sesiones de otros Comités del Consejo de Europa”, expresa la carta.
“Con un enfoque diligente para hacer público todos los documentos posibles y activamente cooperar con la sociedad civil global, el Consejo de Europa puede continuar con su labor ejemplar en transparencia y asegurarse que el resultado de este proceso sea de la mayor calidad y cuente con el apoyo más amplio posible.”
En vista de la adopción del CLOUD Act en los Estados Unidos, que menoscaba el derecho a la privacidad y otros derechos, la futura propuesta de la Unión Europea sobre la prueba electrónica, y otras iniciativas, es fundamental que el T-CY escuche e involucre proactivamente a la sociedad civil de manera oportuna. La sociedad civil quiere participar en este proceso para garantizar que el nuevo protocolo respete los niveles más elevados en cuanto al respeto de los Derechos Humanos.
La carta está disponible en inglés, francés y español.
La carta ha sido coordinada por European Digital Rights (EDRi) y Electronic Frontier Foundation (EFF), con la ayuda de IFEX, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Derechos Digitales y la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC).
