Por Rebecca Wanjiku y Alan Finlay Publicado en APCNoticias JOHANNESBURGO,
Publicado elActualizado por última vez en
Online content and censorship in KenyaEn África, al parecer, el mercado de tecnologías de información y comunicación (TIC) no creció tan rápido por la falta de un ambiente político y regulatorio propicio. Según la Comisión Económica de Naciones Unidas para África (UNECA), en 2007 solo 34 países africanos contaban con políticas de TIC, en 12 estaban en proceso de elaboración, y siete ni siquiera habían iniciado el proceso.
Kenya es una excepción notable: estuvo a la vanguardia del desarrollo de políticas de TIC en el continente. En 1998, el debate político concluyó en una Ley nacional de comunicaciones, en concordancia con los procesos políticos en las telecomunicaciones de varios países africanos durante la década del 90, incluso algunos de ingresos medios, como Sudáfrica y Egipto.
Sin embargo, sólo una década después muchos de estos logros fueron opacados por la velocidad de los cambios tecnológicos o por la ineptitud de los gobiernos a la hora de implementar las políticas en forma correcta y transparente.
La banda ancha cierra las brechas políticas
El lanzamiento del sistema de Cable marino de África Oriental (TEAMS por su sigla en inglés) en Kenya en junio fue un evento de gran importancia, tanto en lo simbólico como en la práctica. Su importancia simbólica se dio en varios niveles, sobre todo cuando el presidente Mwai Kibaki se refirió al cable como herramienta para “la construcción de la nación”, declaración que sugiere algo más que el desarrollo económico posterior a las violentas manifestaciones que acompañaron a las elecciones nacionales el año pasado. Pero también presagia el verdadero inicio de la conectividad del siglo XXI; el principio de un paisaje de convergencia de las comunicaciones al que las políticas y leyes aprobadas en los 90 han tenido dificultades para adaptarse.
Y la convergencia, como lo muestra Kenya, está poniendo en el candelero algunos problemas políticos nada cómodos.
Los contenidos en línea pasaron a segundo plano
Hace tiempo que parece que los contenidos en línea pasaron a un segundo plano en los círculos de elaboración de políticas de TIC de África. Una de las razones, sin duda, es la complejidad del tema. No está claro dónde están los límites en temas como la libertad de expresión, la seguridad estatal y la privacidad, y en lo relativo a cómo regular la relativa libertad de las publicaciones en línea, en las que el/la usuario/a es también el creador de contenidos; lo mismo sucede con los derechos de autor y la piratería.
Los contenidos en línea también es un tema delicado en política. Meterse con las libertades en internet equivale a presentarse como un censor de la peor calaña y suele generar críticas colectivas en el mundo entero, como bien lo sabe China.
Pero una de las principales razones es que, frente a las necesidades de desarrollo de infraestructura de África, los contenidos en línea se consideran un tema “liviano”,como se vio en el desarrollo de los enfoques tecnocéntricos del gobierno electrónico.
Combinar lo nuevo y lo viejo
Pero la enmienda a la Ley de comunicaciones de Kenya (2008) muestra que esta falta de atención puede ser más problemática de lo esperado. Lo que surge en la Ley es mucho más que un enfoque equivocado en el que se mezclan las responsabilidades de los medios con las otras, más efímeras, de la comunicación en línea. Y se dice que las limitaciones que afectan a los medios serán trasladadas únicamente a internet.
Esto se justifica de varias maneras. Durante los violentos sucesos luego de las elecciones de 2007 internet tuvo un papel muy importante, ya que fue usado por los ciudadanos y ciudadanas de la diáspora para enviar mensajes de texto y correos electrónicos que potencialmente podían ser más perjudciales para la seguridad del Estado que cualquier impreso, o medio de comunicación.
A la vez, los medios tradicionales de comunicación hicieron el trabajo sucio. Por ejemplo, se acusó a la FM KASS, favorable a la oposición, de trasmitir programas provocativos durante la violencia postelectoral, sin que nadie hiciera nada para detenerla. Otros medios, como Royal Media Services, propietaria de Citizen TV y numerosos canales locales, apoyaron abiertamente al Partido de Unidad Nacional, de Kibaki.
El gobierno justificó los nuevos mecanismos regulatorios que promueve la ley apuntando, precisamente, a este tipo de conducta que, desde su punto de vista, es resultado de una legislación débil y de una falta de mecanismos autorregulatorios.
Ministro con nuevos poderes
Uno de los artículos más controvertidos de la ley es el artículo 88, que le confiere al ministro de comunicaciones la potestad de entrar en los canales de radio y televisión y confiscar equipos sin necesidad de pedir apoyo al Parlamento, o a los Tribunales de Justicia. El ministro puede también interceptor y revelar comunicaciones entre las personas, además de interceptar artículos postales. En cuanto al cumplimiento, al ente regulador, la Comisión de comunicaciones de Kenya (CCK), se le ha conferido el poder de revocar licencias y cobrar multas.
Los medios, por su parte, alegaron que prefieren la opción de la autorregulación. Según los propietarios de los medios, la autorregulación debe aplicarse a la programación en general, como por ejemplo la decisión de qué trasmitir y cuándo hacerlo. Si bien es cierto que ha habido problemas por trasmitir “contenidos para adultos” en programas matinales, o en programas de televisión para toda la familia, esto debe quedar a cargo de las fuerzas del mercado y las políticas editoriales.
El ya establecido Consejo de Medios es quien debería llevar a cabo esta tarea. El Consejo está integrado por representantes del gobierno y los medios, y puede recibir demandas y realizar audiencias. Se supone que tiene que operar como un árbitro, tal como se establecía en la Ley de Medios (2007), pero tiene una debilidad estructural, sobre todo la capacidad para hacer que se cumplan las penas y para que sus decisiones sean vinculantes.
En buena medida, la ineficacia del Consejo se deriva de la falta de fondos, tanto del gobierno como de los propietarios de los medios.
En sus políticas editoriales – independientemente de que sean adecuadas o erróneas – los medios siempre hicieron referencia a la libertad de expresión que garantiza la Constitución. Las medidas asumidas en la Ley tienen reminiscencias del gobierno de Daniel Arap Moi, cuando se prohibieron los periódicos y se mandó a la cárcel a los y las periodistas, sin juzgarlos, por considerar que habían atravesado la frontera de lo aceptable.
Esos temores están fundados. El 2 de marzo de 2006 oficiales encapuchados de la policía entraron en las oficinas del periódico The Standard, destruyeron las instalaciones y quemaron diarios en una redada que se realizó como “medida estatal” contra un delito que se suponía había cometido el diario.
Los problemas no son los mismos
Las consecuencias exactas de la Ley de enmienda de las comunicaciones para los contenidos en línea no están claras y no se enuncian. Pero no es lógico imaginar que un día la policía irrumpirá en la sala de un proveedor de servicios de internet, confiscará los servidores (¿y también la información personal de los abonados al servicio?) Tampoco se ha explicitado cómo afectará la banda ancha y todo lo que se puede trasmitir por fibra óptica, incluyendo la televisión.
Está claro que el avance tecnológico en Kenya aportó una mayor complejidad a un esquema relativamente estable de licencias y la política debe responder a estos nuevos desafíos. El caso de Kenya muestra que los enfoques de políticas para los medios tradicionales y los nuevos medios están siendo puestos a prueba por la convergencia y es poco probable que funcione un abordaje único. En cambio, la mayor cantidad, variedad y combinación de canales y servicios que estarán disponibles parece abrir el campo para una mayor confianza en la autorregulación,una regulación más “suave”.
También parece que los y las activistas de TIC tenían los mismos motivos de protesta en diciembre del año pasado. El error de muchos y muchas fue pensar que se trataba de un viejo problema entre los medios y el gobierno (con varios precedentes en un país como Kenya) cuando, de hecho, el problema se encuentra en un territorio nuevo.
Nota : este artículo fue escrito en el marco del proyecto Comunicación para la influencia en África Central, Oriental y Occidental-, con el fin de promover la incidencia porun acceso a las TIC para todos y todas. CICEWA busca definir los obstáculos políticos que impiden un acceso asequible a la infraestructura de las TIC en África y exigir su eliminación, con el objetivo de crear una plataforma sólida para la conectividad subregional en África Oriental, Occidental y Central.
Photo by Sharonpe. Used with permission under Creative Commons license 2.0.
