Por APCNoticias
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El 11 de abril Julian Assange, fundador de WikiLeaks, fue arrestado por la policía británica en la embajada de Ecuador en Londres, donde llevaba cerca de siete años. En imágenes que dieron la vuelta al mundo, se vio a la Policía arrastrándolo fuera de la embajada, justo después de que se revocara su asilo, y empujándolo hacia un furgón, esposado, con larga barba blanca y el rostro demacrado. Horas más tarde, el experto en privacidad y código abierto Ola Bini fue arrestado en el aeropuerto internacional de Quito tras haber sido acusado de “conspirar contra el Estado”. Las autoridades gubernamentales alegan que Bini fue parte de un posible esfuerzo de Assange y WikiLeaks por desestabilizar al gobierno del Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, y de hacer intrusiones ilegales en sistemas informáticos
Criminalizar un elemento clave de la ética periodística
En 2010, el gobierno estadounidense inició una investigación de gran jurado sobre Wikileaks y finalmente acusó a Assange de “conspirar para cometer intrusión informática para acceder a una computadora clasificada del gobierno estadounidense”. El incidente en cuestión es la publicación de documentos clasificados de la ex soldado y analista de inteligencia Chelsea Manning de un modo que buscaba proteger su anonimato. O, dicho de otro modo, se acusa a Assange de intentar ayudar a la informante Manning a acceder a computadoras del Departamento de Defensa para descargar documentos de interés público y a la vez intentar protegerla de posibles represalias.
Manning fue clave en la filtración de cerca de 750,000 documentos diplomáticos y militares clasificados y catalogados como sensibles, entre ellos el vídeo “Asesinato colateral”, que mostraba cómo un helicóptero del ejército estadounidense disparaba a civiles desarmados en Irak, entre ellos dos periodistas de Reuters. Por filtrar este material, Manning fue condenada a 35 años en una prisión militar masculina, la pena más larga impuesta en Estados Unidos por una filtración, de los que cumplió seis años antes de que el Presidente Obama conmutara la sentencia al final de su mandato.
En marzo, Manning fue detenida y encarcelada de nuevo después de negarse a declarar en un caso de gran jurado contra WikiLeaks.
Acusaciones como estas contribuyen a criminalizar un elemento clave de la ética periodística: tomar medidas para proteger el anonimato de las fuentes. Esto supone una grave amenaza a la libertad de prensa en Estados Unidos y en todo el mundo.
“Al criminalizar acciones que son habituales en el periodismo de investigación para la protección de las fuentes, Estados Unidos ataca la libertad de expresión y de los medios”, asegura Deborah Brown, líder de incidencia política global de APC. "Esto abre la puerta a que otras organizaciones o personas se enfrenten a acusaciones parecidas, y puede suponer un efecto disuasorio en el derecho a recabar, recibir e impartir información, algo fundamental para mantener a los poderes bajo control”.
En palabras de Valeria Betancourt, directora del Programa de Políticas de Información y Comunicación de APC, el modo en que Assange ha sido expulsado de la embajada ecuatoriana y el fin repentino de su asilo político deben ser vistos como “una violación de derechos humanos, un ataque a la libertad de expresión y al derecho internacional. Además, con la detención de Ola Bini en Quito, acusado de desestabilizar al gobierno ecuatoriano, me temo que estemos ante una espiral de persecución política y criminalización de activistas y expertos cuyo trabajo es clave para preservar la democracia”.
Según Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “la extradición de Assange supone una amenaza a la libertad de prensa. Más allá de su papel y la polémica en torno a su figura, la cuestión es que los periodistas no deberían ser castigados por publicar información de interés público, incluso si esa información es clasificada".
O, como dice David Kaye, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión: "A mucha gente le puede parecer bien esta acusación por una diversidad de motivos. Pero incluso aun siendo legal, puede tener consecuencias muy negativas para la prensa y la vigilancia que esta ejerce sobre el poder en las democracias. ¿Creen que el gobierno estadounidense – este o cualquier otro – puede llevar adelante estas acusaciones sin dañar las garantías básicas de la prensa libre? Lo dudo mucho, por mi parte sólo veo desventajas”.
Otros informantes castigados por sus contribuciones incluyen al ciudadano francés Herve Falciani, que filtró más de 100,000 registros de clientes destacados del banco privado HSBC de Suiza y ayudó a que se investigase globalmente la evasión de impuestos. Falciani fue condenado a cinco años de prisión en 2015 por espionaje económico, por obtención ilegal de datos y por violación de confidencialidad empresarial y secreto bancario.
Los periodistas tienen una larga tradición de colaborar con fuentes para revelar información de interés para la ciudadanía. Cuando las autoridades atacan a periodistas o a sus fuentes para evitar que se publiquen hechos relevantes, atacan la libertad de expresión y reducen las posibilidades de demandar rendición de cuentas a los poderes políticos y económicos, quitando poder a la ciudadanía. Las últimas acusaciones sientan un precedente negativo, pueden desencadenar más detenciones, contribuyendo a la criminalización de cualquier persona cuyo activismo y trabajo resulte incómodo para los poderes o a cualquier persona que sea asociada de un modo u otro con Wikileaks, y crear un efecto disuasorio para la democracia en Ecuador, Estados Unidos y todo el mundo.
