Por AL Publicado en APCNoticias New York,
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Ecuador fue un país pionero en América Latina en materia de legislación sobre transparencia: en 2004 se aprobó una ley de acceso a la información y transparencia en la administración pública. Entre otras cosas, la ley establecía que las entidades públicas deberían poner a disposición de la ciudadanía su información mediante sitios web; también nombraba a una comisión para determinar los estándares web necesarios para el proceso. Siete años, cuatro gobiernos y ocho presidentes de la comisión después, los estándares siguen sin definirse.
Frente a esto, en el marco del proyecto Impacto 2.0 impulsado por la Fundación Comunica y APC, se decidió concentrar esfuerzos en esta área. Según Hugo Carrión, coordinador de la iniciativa, “la definición de estándares es fundamental; no es suficiente que la información esté disponible: tiene que ser accesible para toda la ciudadanía. Si una persona no encuentra la información que busca o no tiene la conectividad suficiente como para descargar un archivo pesadísmo, el objetivo de transparencia fracasa. La nueva constitución, aprobada en 2008, establece el acceso a las tecnologías de información y comunicación como un derecho. Si la ausencia de una política de estándares impide que la ciudadanía acceda a información oportuna y exacta se está atentando contra este derecho”.
Además de proponer estándares para la administración pública con énfasis en la calidad de la información, la intervención también tuvo como objetivo propiciar la vinculación de la investigación a decisores de política pública mediante herramientas web 2.0, en un ejercicio de definición de políticas públicas participativas. Recientemente la entidad responsable de generar los estándares pasó a ser el recientemente creado Ministerio de Telecomunicaciones. Entre otros recursos, el organismo tenía presupuesto para contratar a un/a consultor/a. “Nosotros tenemos una relación de colaboración y apoyo con el ministerio y le propusimos incorporar las necesidades de los/as usuarios/as. Es un ambiente donde suele predominar lo técnico”, señala Carrión. El ministerio aceptó y se realizaron talleres presenciales con organizaciones de la sociedad civil interesadas en estos temas en Quito, la capital, pero también en otras ciudades ecuatorianas como Guayaquil o Cuenca.
“En los talleres también había funcionarios/as y técnicos/as; nuestro rol fue el de traducir lo que la comunidad usuaria considera importante”, continúa. “La personas decían ‘Queremos información organizada, fácil de encontrar, que se descargue rápidamente’ y nosotros buscábamos soluciones con los/as técnicos/as: se puede bajar la resolución de las imágenes, agregar buscadores, etc”. La diversidad geográfica de las discusiones fue el punto fuerte. “Mientras que en Quito el énfasis estuvo en la gestión, las transacciones y los trámites, en las otra ciudades la discusión estuvo en torno a la interacción (mediante, por ejemplo, redes sociales)”, continúa Carrión. “También surgió el tema de los dominios, de cómo a la gente les cuesta recordarlos”, agrega.
Ahora el desafío radica en pasar del intercambio presencial a las discusiones en línea. A través de redes sociales como Facebook y Twitter las preocupaciones y propuestas salidas de los talleres van a trasladarse al resto de la ciudadanía. “También vamos a incluir aspectos nuevos, como la accesibilidad de las personas con discapacidad. Es fundamental incorporar investigación y experiencias previas a la participación y el enfoque multisectorial, hay mucho que aprender pero siempre manteniendo nuestra perspectiva ecuatoriana”, concluye el coordinador.
La discusión va a continuar paralelamente con un grupo de técnicos/as y funcionarios/as para avanzar en una propuesta concreta de estándares. “También vamos a usar una plataforma digital pero tuvimos que desarrollar una herramienta nueva porque los funcionarios públicos, aunque sean personas de comunicación o informáticos/as, tienen bloqueado el acceso a las redes sociales”.
Todos los ingredientes para elaborar una política pública sobre los estándares están sobre la mesa. Y todo indica que, siendo flexibles y adaptando la receta a las coyunturas que siempre forman parte del mundo político, la propuesta va a concretarse pronto.
