Por AF Publicado en APCNoticias Montevideo,
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Las leyes sobre cambio climático y manejo de residuos existen en Costa Rica desde 2009. A pesar de estar plasmadas en papel, poco se avanzó para su puesta en práctica. Si la situación no cambia, el país no logrará ser ’0 carbono’ en 2021.
La reciente apertura del sector de telecomunicaciones expone el problema
El acceso a las telecomunicaciones es un derecho civil en Costa Rica. Hace más de 20 años que se desarrollan iniciativas gubernamentales para entrenar a docentes y alumnos en el uso de tecnologías de información y comunicación. Abundan los cibercafés a precios accesibles y el índice de conectividad es alto, aunque está concentrada en el área urbana.
El sector de telecomunicaciones de Costa Rica dejó de ser un monopolio estatal en 2007, cuando se firmó el tratado de libre comercio centroamericano. Como consecuencia natural de la apertura del sector aumentó el consumo de tecnología. Esto hace que sea cada vez más importante que la población sea conciente de las consecuencias de sus acciones de compra y desarrolle una cultura del reciclaje. A su vez, se abrió la posibilidad de que ingresen nuevos actores al sector, lo que aumentó la necesidad de una regulación nacional específica para el manejo de los residuos electrónicos.
Según Kemly Camacho, autora de un informe sobre el tema [en inglés] , aún cuando la apertura del mercado significaría que la población tuviera mayor libertad de elección en cuanto a telecomunicaciones, esto no garantiza que haya más equidad, porque las empresas privadas no tienen necesariamente una visión social como sí la tiene el estado. De ahí la importancia de leyes nacionales que contemplen los intereses de toda la sociedad: leyes que de hecho existen, aunque no se note demasiado en la práctica.
Costa Rica como país ‘amigable con el medioambiente’
Al tratar el tema de las telecomunicaciones debe atenderse el impacto de estas tecnologías, sobre todo tomando en cuenta que Costa Rica es famosa por la conservación del entorno natural y ha desarrollado distintas políticas con el objetivo de posicionarse como un país con economía “amigable con el medioambiente”.
La cantidad de residuos que se generó en años anteriores a que la regulación existiera afectó la calidad del medioambiente en el país, impactando en la calidad del agua y los acuíferos, así como en la salud pública. Según el actual plan de desarrollo, la degradación del agua como recurso fue constante en las últimas décadas.
Costa Rica tomó diferentes acciones para paliar el cambio climático, como la protección de parte del territorio nacional (alrededor del 40%), la promoción de la reforestación y conservación de bosques y un plan para el uso de energía limpia. Como parte de sus compromisos con la comunidad internacional, Costa Rica se planteó llegar a ser un país “0 carbono” para 2021. Sin embargo, de no cambiar la situación en el sector de telecomunicaciones, será difícil alcanzar esta meta.
Regulaciones estatales vs. iniciativas privadas
En 2009 se crearon leyes sobre cambio climático – entre ellas la ley de residuos sólidos – que incluye disposiciones específicas sobre residuos electrónicos. La regulación es nueva y, si bien están empezando a darse pasos hacia su implementación, la autora del informe señala que habrá que esperar para constatar si la regulación es o no efectiva.
La mayoría de las iniciativas actuales sobre estos temas continúan siendo privadas. Existen iniciativas de varios actores del gobierno, del sector privado, de la academia y de la sociedad civil. Son iniciativas aisladas que no toman suficientemente en cuenta el uso de las TIC. Camacho menciona que es probable (y deseable) que la nueva regulación promueva el ingreso de más organizaciones y el surgimiento de nuevos actores nacionales en el sector.
Muchas iniciativas privadas, sobre todo internacionales (como es el caso de los Walmart, que hace campañas trimestrales de recolección de residuos) están sacando ventaja del desecho electrónico. Por ejemplo, la iniciativa “Villager export” recolecta residuos electrónicos y los exporta a diferentes países para participar de un proceso de reciclado regulado por leyes internacionales, obteniendo así beneficios económicos.
El gobierno de Costa Rica aún no ve esto como una oportunidad. El manejo de este tipo de residuos se deja en manos de otras empresas y no ha habido voluntad política de hacer proyectos sociales (no solo esporádicos y concentrados en la zona urbana) y sacar provecho de los recursos que se generen. “Si hubiera una buena visión”, sostiene Kemly Camacho, “se podrían aprovechar residuos electrónicos para generar proyectos sociales de desarrollo, sobre todo para personas jóvenes que están en situaciones de exclusión”.
Para que comience la implementación de las nuevas políticas estatales se requiere la transformación de muchos procesos, sobre todo a nivel de los municipios, que tendrán que desarrollar sus propias estrategias para poner en práctica la regulación.
Incidencia para enfatizar la importancia del manejo del residuo electrónico
Para el gobierno costarricense la prioridad es el manejo de residuos sólidos y no el de residuos electrónicos. Además, no hay real conciencia de la necesidad de tratar los residuos electrónicos de forma diferenciada a los residuos sólidos. Para revertir esta situación la sociedad civil deberá incidir en las políticas estatales: conseguir que se comprendan los retos y la importancia del manejo de residuos electrónicos como tales es un paso fundamental.
El sector académico y de la sociedad civil ya son actores clave en cuanto al cambio climático y el desarrollo sustentable, a través de la implementación de campañas y su trabajo generando conciencia sobre el tema e incidencia. Algunos ejemplos de iniciativas desarrolladas por la sociedad civil son el Programa de aliados por el cambio climático (provee servicios para medir las emisiones de carbón; Vacaciones verdes, dirigido al sector del turismo; Pacto por la vida (sitio web que impulsa el diálogo entre actores para lograr una buena gestión del ambiente); el proyecto BANACLIMA (registra y procesa variables climáticas en el área de plantación bananera).
El proceso de incidencia ya comenzó: distintas organizaciones de activistas, como Sula Batsú llevan a cabo conversatorios para despertar interés en la temática. En el mes de octubre también tendrá lugar un foro que se nutrirá de las informaciones salidas del informe y que estará dirigido a diferentes actores como el gobierno, las empresas de tecnología, la sociedad civil y la academia.
Costa Rica ya tiene su ley. De aquí en adelante la concientización y la incidencia serán claves para que el tema crezca en importancia y se concrete su aplicación.
Este artículo fue escrito para la iniciativa GreeningIT de APC y se basa en el informe de Cooperatiiva Sulá Batsú y el informe 2010 del Global Information Society Watch para Costa Rica [en inglés]
Foto por Emilia Tjernström [Arriving at the horizon]. Usada con permiso bajo la licencia de Contenido Creativo 2.0
