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Entre abril de 2013 y junio de 2014, APC llevó adelante en varios países el proyecto de investigación “Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea”, con el propósito de explorar la aptitud y efectividad de los recursos legales nacionales y de los mecanismos y políticas de reparación de las empresas para enfrentar la VCM relacionada con la tecnología. Este documento se basa en los informes finales de ese proyecto.
Tabla de contenidos
1. ¿Qué es violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología o mediada por la tecnología?
2. “La VCM relacionada con la tecnología no es un delito grave. Se deberían tratar otros problemas de derechos antes de tomarla en consideración para modificar las leyes”
3. ¿Por qué la policía, los juzgados y otros sistemas administrativos no toman seriamente la VCM relacionada con la tecnología?
4. ¿Sólo las mujeres son “víctimas” o sobrevivientes de violencia relacionada con la tecnología? ¿Qué ocurre con otras personas excluidas de lo convencional o que son vulnerables, por ejemplo, personas transgénero, minorías o grupos étnicos?
5. En la mayoría de los países la ley sobre violencia contra las mujeres no es adecuada. ¿No deberíamos abordar primero las leyes sobre violencia sexual antes de hacerlo con la VCM relacionada con la tecnología?
6. ¿Cuáles son los recursos legales para enfrentar la VCM relacionada con la tecnología en distintos países?
7. ¿Qué ocurre con el derecho a la privacidad que existe en muchos países? ¿Por qué no es suficiente?
8. ¿La VCM relacionada con la tecnología debería ser una ofensa penal o civil? ¿No podemos usar recursos civiles para abordar los cada vez mayores incidentes de VCM que usan tecnología?
9. En mi país el sistema apenas puede tratar casos de VCM (sólo 2% de los casos de violencia terminan en condena). ¿Qué opciones le quedan a la mujer? ¿Por qué cosas deberíamos incidir?
10. ¿Qué países tienen leyes específicas para enfrentar la VCM relacionada con la tecnología?
11. ¿Qué pasos deben dar la policía y las autoridades judiciales para que una ley sobre VCM relacionada con la tecnología sea efectiva?
12. ¿Qué es “pornografía de venganza”?
13. Leyes más estrictas contra la VCM relacionada con la tecnología limitarían necesariamente la libertad de expresión, ¿verdadero o falso?
14. ¿Qué clase de VCM relacionada con la tecnología tiene lugar en las redes sociales?
15. ¿Qué clase de VCM relacionada con la tecnología tiene lugar mediante servicios de telefonía?
16. ¿Cuáles son los desafíos o problemas de presentar una denuncia a una empresa? ¿Cuáles son las condiciones de servicio y qué protección pueden brindar?
17. ¿Qué es una política de privacidad y cómo protege de la VCM relacionada con la tecnología? ¿Protege injustamente los derechos de los agresores?
18. ¿El proceso de denuncia de una empresa es accesible y transparente para el/la usuario/a promedio?
19. ¿El personal está en condiciones de responder efectivamente a las denuncias de VCM relacionada con la tecnología?
20. ¿Cuán accesibles son los mecanismos de denuncia para quienes no viven en el Norte global, donde se encuentran las sedes de estas empresas o se vigila más el cumplimiento y ejecución de las leyes nacionales?
21. ¿Pueden las empresas interrumpir o cesar el servicio de la persona que lo utiliza con propósitos de acoso, hostigamiento, etc.?
22. Además de las condiciones de servicio y las políticas de privacidad, ¿qué otras obligaciones legales o de otra índole existen para garantizar que las empresas actúen en caso de denuncia?
23. ¿Qué servicios o plataformas proveen un mecanismo efectivo de denuncia para casos de VCM relacionada con la tecnología? ¿Cuál es su respuesta cuando se les pregunta sobre su compromiso con los derechos humanos y su respuesta a la violencia contra las mujeres u otras personas que utilizan su servicio o plataforma?
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Para leer más sobre los resultados de la investigación visita esta página.
Esta investigación forma parte del proyecto de APC “Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea” financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda (DGIS) en fuerte alianza con organizaciones asociadas de siete países: Bosnia y Herzegovina, Colombia, República Democrática de Congo, Kenia, México, Paquistán y Filipinas.
