Desde mediados del 2016, el gobierno ha implementado una serie de medidas económicas, sociales y políticas, producto del estado de excepción promulgado en el decreto presidencial N° 2323, del 13 de mayo de 2016. Particularmente, el derecho de acceso a internet, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad pueden ser vulnerados por cuanto el decreto contempla, entre otras, conformar estructuras organizativas que regulen de manera contu...