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La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) expresa su preocupación sobre las reformas legales en Venezuela que delegarían facultades legislativas al Presidente de la República sin una determinación clara de los límites de dicha delegación, lo que afecta el equilibrio de poderes necesario en una democracia como garantía de la vigencia, respeto y ejercicio de los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión.
APC expresa, además, su preocupación, sobre los proyectos de reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, cuyas modificaciones podrían limitar la expresión de voces críticas en Venezuela.
La mencionadas propuestas legislativas habilitarían la intervención estatal en los contenidos de los medios de comunicación, incluyendo los medios electrónicos como internet, en la medida en que obligaría a los proveedores de servicios a fijar mecanismos para la restricción y el control de contenidos y establecería responsabilidad de la empresas por las expresiones emitidas por terceros. Estas medidas representarían un serio atentado contra la libertad de expresión.
APC considera que la posibilidad de compartir información y comunicarse libremente utilizando internet es vital para el ejercicio de los derechos humanos y para el ejercicio democrático. La Carta de APC sobre derechos en internet claramente establece que:
La libertad de expresión debe protegerse contra infracciones por parte de los gobiernos y los actores no estatales. Internet es un medio para el intercambio público y privado de opiniones e información a través de todo tipo de fronteras. La gente debe poder expresar opiniones e ideas, y compartir información libremente cuando usa internet.
Internet debe estar protegida contra todo intento de silenciar las voces críticas y de censurar contenidos o debates sociales y políticos.
Las organizaciones, comunidades e individuos deben tener libertad para usar internet con el propósito de organizar manifestaciones y participar en ellas.
Como sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su declaración del 15 de diciembre sobre la situación en Venezuela , “[…] la protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías para asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona. Asimismo, al permitirse delegaciones legislativas en términos demasiado amplios, que puedan incluso referirse a materias penales, se afecta el principio de legalidad necesario para realizar restricciones a los derechos humanos. La frecuente concentración de las funciones ejecutiva y legislativa en un solo poder sin que la Constitución y la Ley Habilitante establezcan los límites y controles adecuados, permite la interferencia en la esfera de los derechos y libertades“2.
Los cambios sustanciales en los entornos legales y regulatorios deben gestarse y producirse a partir del amplio consenso nacional mediante procesos de consulta y mecanismos de participación que aseguren la inclusión efectiva de las perspectivas de los distintos actores y sectores sociales.
APC confía en que los proyectos de reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos refuercen las condiciones para un acceso abierto y libre a internet y para el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
APC trabaja para “empoderar y apoyar a las organizaciones, movimientos sociales e individuos en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para crear comunidades e iniciativas estratégicas con el propósito de realizar una contribución significativa al desarrollo humano, la justicia social, los procesos de participación política y la sustentabilidad ambiental”.
