Dernière mise à jour de cette page le
La Constitución de México reconoce el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación (TIC). Sin embargo, el país posee un bajo índice de población con acceso a internet.
La legislación reconoce la neutralidad de la red, incluidos los principios de no discriminación y acceso libre. No obstante se han documentado prácticas contrarias a estos principios. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debe emitir lineamientos sobre gestión de tráfico de internet que implementen la obligación legal de proteger la neutralidad de la red.
Las autoridades mexicanas han incrementado sus facultades tecnológicas y legales de vigilancia de comunicaciones. La legislación no es clara y precisa en torno a las autoridades facultadas ni las circunstancias en las que la vigilancia puede llevarse a cabo. La legislación, en ocasiones, no reconoce el requisito de autorización judicial para llevar a cabo medidas de vigilancia ni establece otras salvaguardas contra el abuso.
Se ha documentado que varias autoridades han adquirido software malicioso para vigilancia. La mayoría de dichas autoridades no posee facultades legales para la vigilancia de comunicaciones. Inclusive, se ha evidenciado que algunas autoridades han utilizado el software malicioso en contra de opositores políticos.
En México no se han documentado controles, filtros o bloqueos de información generalizados en internet. No obstante el derecho a la libertad de expresión en internet se ve amenazado por el contexto de violencia, particularmente grave en contra de periodistas.
Igualmente algunas interpretaciones del derecho a la protección de los datos personales han derivado en órdenes de censura de enlaces a información de interés público sobre casos de corrupción y han sugerido esquemas amplios de responsabilidad de intermediarios.
Algunas iniciativas legislativas, por ejemplo, la iniciativa para crear una ley sobre delitos informáticos, carecen de rigor técnico y jurídico, y amenazan con criminalizar usos legítimos de tecnología, afectando así el ejercicio de derechos en internet, e incluso, el funcionamiento integral de la red.
Este informe se ha elaborado como parte del proyecto Examinando los derechos y las libertades en internet en Latinoamérica de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC). El proyecto está financiado por Open Society Institute (OSI) y APC y está coordinado por la ONG Derechos Digitales.
