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En cualquier discusión sobre derecho de autor hay un aspecto que suele ser extrañamente pasado por alto y es que el derecho de autor es un límite al derecho de las personas, de la ciudadanía y de los/as usuarios/as a acceder a la cultura y el conocimiento. Puede ser porque se da por supuesto o porque no se tiene conciencia de ello, pero explicitarlo es importante: pone de relieve el meollo de una discusión que suele girar en torno a cómo compensar económicamente a los/as creadores/as y cómo castigar a quienes violan el monopolio legal que tienen sobre el uso y la distribución de una obra. Dos preocupaciones legítimas, pero que están lejos de agotar la complejidad de la discusión.
Luchar por un sistema de derecho de autor justo y balanceado es comprender que la ciudadanía tiene derecho a ser parte y disfrutar del desarrollo cultural – de una nación, de una región, del mundo – y que eso es parte importante de aquello que llaman “desarrollo” a secas. Lamentablemente, pareciera ser que los gobiernos de México, Chile y Perú, tres países “en “vías de desarrollo”, no terminan de comprender.
Estas tres naciones latinoamericanas, junto a otras ocho de Asia Pacífico, son parte del TPP o Trans-Pacific Parnership Agreement, un tratado de libre comercio fuertemente impulsado por Estados Unidos, negociado en secreto durante seis años y que hoy espera ser ratificado por el Congreso de cada uno de los países involucrados.
Dentro de las múltiples críticas que se han realizado al TPP, aquellas relacionadas con el capítulo de propiedad intelectual están entre las que más eco han encontrado, entre otras cosas, porque el borrador fue filtrado múltiples veces, varias de ellas a través de WikiLeaks.
De esta forma, a pesar de que las negociaciones se llevaron a cabo de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos, varios expertos tuvieron la oportunidad de revisar las versiones del texto y su evolución. Y aunque es cierto que algunas de las peores disposiciones no llegaron hasta la versión final, el texto dista mucho de ser aceptable.
Menos dominio público
En términos sencillos, el derecho de autor es un monopolio legal sobre la distribución y utilización de una obra, por un plazo determinado. Una vez que ese plazo se cumple, la obra pasa a formar parte del dominio público, donde cualquiera puede utilizarla con cualquier fin, sin necesidad de pedir autorización para ello. Dado que, en teoría, todas las obras entraran al dominio público algún día, podemos decir que el dominio público es la norma y el derecho de autor la excepción.
El dominio público es de suma importancia, pues compila el patrimonio cultural de la humanidad y el conocimiento base sobre el cual todo nuevo conocimiento se produce.
En la práctica, durante los últimos veinte años el dominio público ha sufrido importantes retrocesos, particularmente a través de la extensión de los plazos de explotación exclusiva del derecho de autor. Si el estándar mundial estaba fijado en la vida completa del autor cincuenta años tras su muerte, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Berna, hoy es cada vez más difícil encontrar una legislación que respete esa duración, en comparación a la vida del autor más setenta años – que ha impulsado Estados Unidos a través de tratados económicos bilaterales (como en el caso de los países latinoamericanos) y también del TPP.
Y dado que Estados Unidos posee la mayor industria de licenciamiento del mundo, esta extensión del plazo estándar es una gran victoria para esa industria, pero una derrota para todos/as los/as demás. En el marco del TPP, esta extensión implica que países como Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei y Vietnam perderán veinte años de patrimonio común sin que esto tenga ningún impacto positivo en términos de “nueva creatividad”, es decir, sin obtener nada a cambio.
Porque la discusión sobre participación en la vida cultural no es solo sobre el derecho a acceder a ciertas obras, sino a la posibilidad de usarlas de formas nuevas, creativas y críticas, un aspecto fundamental del contenido generado por quienes usan la red.
Bajada de contenidos de internet
En una era donde internet se ha convertido en parte de la vida cotidiana de miles de millones de personas alrededor del mundo, las normativas sobre derecho de autor impactan de forma importante no solo en el acceso a la cultura, sino también sobre la libertad de expresión.
Por medio del TPP, Estados Unidos ha logrado exportar de forma exitosa el controvertido sistema de bajada de contenidos de su Digital Millenium Copyright Act o DMCA. En la práctica, este sistema no necesita de una orden judicial para dar de baja contenidos en internet por presunta infracción a los derechos de autor, sino que basta una notificación de carácter privado, por lo que es altamente vulnerable al abuso.
Esto no solamente significa que a veces se da de baja contenido legitimo, sino que muchas veces es utilizado como un mecanismo de censura, como se reportó hace un tiempo estaba ocurriendo en Ecuador.
Mientras que Canadá y Chile habrían negociado para mantener sus actuales sistemas de bajada de contenidos – distintos al propuesto por el TPP – esta posibilidad está vetada para cualquier otro país, tanto aquellos que han sido parte de la negociación como aquellos que podrían integrarse luego al tratado (intenciones que han manifestado, por ejemplo, Colombia y Argentina).
Esto no solamente es desproporcionado y desbalanceado, sino además injusto. Por medio del TPP, Estados Unidos está imponiendo su propia agenda en materia de derecho de autor, desconociendo las profundas diferencias entre países como Brunei, Perú, Japón o México. Si lo aceptamos sin pensarlo dos veces, sin considerar cuáles son las necesidades de desarrollo propias de nuestras naciones, estamos comprometiendo el futuro de nuestra gente.
Decisiones tomadas en secreto
En última instancia, el gran problema con el TPP, que encapsula los listados más arriba y otros diferentes, es que se trata de un acuerdo económico negociado por tecnócratas en secreto, sin participación de la sociedad civil, la academia ni los representantes políticos de la ciudadanía. Su éxito implica el fracaso de nuestras democracias: algunas de las decisiones políticas más importantes se están tomando a nuestras espaldas.
En materia de derecho de autor, esas decisiones se están tomando exclusivamente desde una perspectiva económica, considerando los intereses de los titulares de derecho de autor y la gran industria (como los proveedores de servicios de internet) y no las de las personas, los/as usuarios/as. En consecuencia, no existe una discusión real respecto a nuestros derechos, las excepciones al derecho de autor y el acceso al conocimiento y la cultura.
Básicamente el TPP encapsula todo lo que está mal respecto al modo en que se ha pensado y decidido en torno a derechos de autor y lo maximiza. Esto es muy peligroso, porque crea una nueva capa legislativa: un tratado de libre comercio multilateral, con mejores mecanismos de cumplimiento que cualquier tratado sobre acceso a la cultura, por nombrar un ejemplo.
Una vez firmado, será casi imposible que los países participantes enmienden el daño al dominio público; será casi imposible pensar en plazos de derecho de autor más acotados.
