Por Leila Nachawati
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En enero de 2023, la justicia ecuatoriana declaró inocente al programador sueco Ola Bini. Sucedió tras una odisea jurídica que comenzó en abril de 2019, cuando fue detenido después de que la Fiscalía ecuatoriana lo acusase de haber accedido sin autorización a los sistemas de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones del país. En el desenlace de este caso fue fundamental la presión de personas y organizaciones que contribuyeron a crear conciencia sobre la relación entre este caso y el contexto más amplio de los derechos humanos en línea.
Para comprender mejor el proceso y las lecciones que podemos extraer de él, APC habló con tres de las personas más implicadas en la campaña: Damián Loreti, abogado, profesor de derecho a la información y libertad de expresión y litigante ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; Rodrigo Adriel, politólogo y especialista en sociología política; y Valeria Betancourt, activista de larga trayectoria en el área de derechos humanos e internet y responsable de promoción de programas e incidencia de APC.
Antes de nada, cuéntennos: ¿Cómo se encuentra Ola Bini?
Rodrigo Adriel (R.A.): Está bien, aunque pendiente de los siguientes pasos y deseando que todo esto acabe definitivamente. Aunque la resolución es satisfactoria, es necesario que se mantenga tras la apelación y en eso estamos trabajando ahora desde la coordinación de la campaña.
Damián Loreti (D.L.): Como representante de Ola Bini ante los Sistemas de Protección de Derechos Humanos, estuve en contacto con él hasta el día del veredicto. Ese día estaba contento y con sensación de alivio, ahora está expectante de los fundamentos escritos. El sistema ecuatoriano da primero un veredicto y luego envía por escrito los fundamentos, así que están los nervios lógicos de quien aguarda que se levanten las medidas cautelares que le impiden reunirse con su familia y que se acredite razonadamente cada punto que indica su inocencia.
Valeria Betancourt (V.B.): Eso es. Aunque el Tribunal de Garantías Penales ratificó la inocencia de Bini, desde APC y el resto de organizaciones seguimos muy pendientes de la apelación de la Fiscalía, que podría obstaculizar su libertad. Teniendo en cuenta los desafíos críticos para la garantía plena de derechos en el entorno digital, es fundamental proteger a defensores de derechos humanos cuyo conocimiento técnico es clave en el ámbito digital. La ratificación de la inocencia de Ola Bini no es el fin de este proceso. Se necesita avanzar hacia la reparación. No hay justicia sin reparación.
¿Por qué es tan importante este caso? ¿Puede decirse que marcó un antes y un después?
R.A.: Sin duda, el caso supuso un antes y un después en la defensa de los derechos digitales. Fue muy importante que un tribunal no usase el desconocimiento como punto de partida para abonar un proceso de persecución. Este caso pasó a convertirse en una causa, en tanto representa la relevancia de los derechos humanos en la era digital.
V.B.: En el Ecuador, la importancia de defender los derechos digitales se tornó menos difusa con este caso. Contribuyó a instalar la idea de que los mismos derechos que las personas tenemos fuera de línea aplican en el entorno digital y que los derechos en línea no son de menor categoría. A nivel regional y global, el caso se inscribe en los embates a expertos y activistas cuyo trabajo es fundamental para preservar la privacidad y la seguridad en línea y, en última instancia, para el ejercicio democrático. La victoria era importante para poner en relieve los peligros que representa para la democracia y para los derechos, dentro y fuera de línea, la criminalización de expertos y activistas por motivaciones políticas, sin sustentos técnicos y sólidos y sin consideración de principios de proporcionalidad en el uso de las leyes.
D.L: El caso se inició sin que existiera un hecho susceptible de ser investigado. La imputación se fundó en una motivación política. Esto lo dijeron los propios testigos, no sabían cuál era el delito, pero sí que había habido una rueda de prensa de las altas instancias políticas inculpando a Ola Bini. Se investigó un delito sin hecho cometido, imputándole claramente la culpabilidad al uso de ciertas herramientas y no a un hecho delictivo, negándosele al acusado sus derechos de debido proceso. Desde el inicio se involucraron Relatores Especiales de Libertad de Expresión y se incorporó el seguimiento del caso en los informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde 2019 hasta ahora.
En esa victoria, ¿qué papel dirían que desempeñó la campaña?
V.B.: Las organizaciones de sociedad civil cuyo trabajo tiene alcance regional y global y que formaron parte de la campaña, contribuyeron a llamar la atención sobre las implicaciones del caso en instancias internacionales. Lo conectaron con los mandatos especiales de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es importante señalar que el caso de Ola, más allá de sus particularidades relativas al contexto político ecuatoriano, no debe verse como aislado de la tendencia global. La dimensión global de la campaña fue necesaria para situar el caso en un contexto mayor y ampliar las fronteras de la incidencia en torno a él.
D.L.: La campaña puso en crisis la imagen que se trató de construir de Ola como un delincuente y "operador de cosas extrañas". En la reformulación de cargos se mencionó como argumento que “solo los delincuentes usan el programa Tor”, una herramienta recomendada por el Relator Especial de Naciones Unidas. El cifrado es un derecho, así que era importante deconstruir la imagen de un enemigo público para que se viera que se trata de un científico, investigador en materia de derechos digitales. El estado de sospecha permanente hacia los especialistas en temas de privacidad o libertad de expresión es una amenaza a la vigencia plena de la garantía de los derechos humanos. La campaña también fue un baluarte en cuanto a la misión, que organizaciones internacionales tomaran la bandera del caso. Sienta un precedente, crea jurisprudencia.
R.A.: Todo esto que señalan Valeria y Damián fue el resultado de muchos esfuerzos sostenidos en el tiempo, por parte de diversos actores. Algo que condicionó este caso fue que Ola era ampliamente desconocido en el país, y que el tema también era desconocido. Después de la pandemia, se habla más, se sabe que este tema existe, pero en 2019 en Ecuador había poca conciencia sobre esto. Por eso lo primero que había que lograr era conciencia local, hacer pedagogía con las organizaciones de derechos humanos del país, que no estaban versadas en la dimensión digital y así enlazarlo a la política local. Si en Ecuador se vulneran derechos de defensores de derechos humanos en la Amazonía, algo que es gravísimo, se ve claro que es grave. Pero en cuestiones digitales, esto se diluye, no se ve tan clara la importancia. El primer paso fue, por tanto, de pedagogía. También para las personas más versadas en tecnología, que practicaron cómo explicar cuestiones técnicas a públicos no tecnológicos. Otro aspecto en el que la campaña fue clave fue en articular, en torno a este caso, los lenguajes de derechos humanos y de derechos digitales para interpelar a distintos públicos. Entendimos que había que pluralizar la forma de nombrar lo que estaba en juego para revertir el desafío del bajo conocimiento en la materia y concientizar sobre la relevancia del caso.
¿Cómo se logra que algo tan plural mantenga una confluencia, objetivos comunes?
R.A.: Hay distintos modos de organizar campañas. Un comité de solidaridad, una alianza… Nosotros optamos por constituir una misión de observación permanente precisamente para aunar y pluralizar a la vez. Construir la confianza paso a paso fue muy importante, había que lograr una tercera voz en un país muy polarizado. En una disputa entre dos bandos, la misión de observación se coloca como un árbitro, es una tercera voz. No es una tercera voz desinteresada, sino que pide debido proceso y derecho a defensa. Es una tercera voz que trata de poner la mesa los elementos fundamentales que hacen a los derechos digitales.
D.L.: Concuerdo con Rodrigo. Para plantear convergencia hacia una lucha común, hay principios que no pueden ser objeto de debate partidario, como el respeto basal a los derechos humanos. Esta cuestión excede, o debería exceder a la política, porque es claro que los derechos humanos de Ola Bini habían sido violentados mediante detención arbitraria, y de esto dan cuenta los relatores especiales de libertad de expresión que monitorearon el caso.
¿Qué recomendarían a quienes trabajen en otros casos de defensa de derechos humanos en este contexto digital?
R.A.: En la jerga hablamos de "ascender en la generalidad". Se trata de no limitarse a hablar de lo propio como la causa en sí, sino como un síntoma de un problema más amplio, universalizable. Esto es extensible a tantos otros casos, como el de nuestro amigo Alaa Abdelfattah, detenido en Egipto, pero es fundamental entender también el contexto local, cómo se organizan en cada caso los sistemas de persecución, la separación de poderes, y saber con qué márgenes contamos.
V.B.: Como hemos manifestado, la comprensión de las particularidades contextuales de los casos y su extrapolación a dimensiones más generales es fundamental para la defensa de derechos, más aún cuando las condiciones para la garantía de derechos no están dadas en entornos crecientemente antidemocráticos.
D.L.: Espero la sentencia... La expectativa es que los fundamentos escritos de la sentencia den cuenta de las especificidades de los derechos digitales, de la naturaleza del uso de ciertas tecnologías, de principios de derechos humanos que requiere el estado de derecho. Esto será fundamental para tener jurisprudencia, precedentes claros de cómo los órganos del poder judicial interpretan qué es “acceso”, qué es un sistema, un equipo… qué implica la autorización tácita o no, los márgenes para navegar en la red sin sentir que están siendo observados cuando no deberían estarlo… Y, por supuesto, la pertinencia del uso de programas de cifrado, reconociendo lo que ya han reconocido las Naciones Unidas.
Desde APC, seguiremos pendientes del proceso. Para mantenerse actualizados/as, recomendamos estar pendientes del Centro de Autonomía Digital, dirigido por Ola Bini.
