ola bini
El proceso contra Ola Bini ha sido ampliamente cuestionado por la multiplicidad de irregularidades cometidas y por estar bajo un sinnúmero de presiones políticas.
Expresamos nuestra preocupación y nuestro firme rechazo ante las múltiples irregularidades, ilegalidades y vulneraciones al debido proceso observadas durante cinco años en el caso de Ola Bini, programador y defensor de derechos humanos.
Para comprender mejor el proceso y las lecciones que podemos extraer, APC ha hablado con Damián Loreti, Rodrigo Adriel y Valeria Betancourt, tres de las personas implicadas en la campaña en defensa de Ola Bini.
Ola Bini no cometió delito alguno. Esta decisión sienta un precedente significativo en la defensa de los derechos de privacidad y la seguridad digital.
Con el presente informe, organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana, regional y global alertamos sobre las presiones políticas, las vulneraciones procesales, las debilidades técnicas y los riesgos que este proceso encierra para la vigencia de los derechos humanos en línea en la era digital.
No está en juego solamente la situación judicial de una persona, sino la noción misma de debido proceso. Está en juego la confianza en los procesos institucionalizados para determinar con imparcialidad.
Las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana e internacional firmantes hemos decidido conformar una misión para observar la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio del próximo 3 de diciembre de 2020.
Ola Bini es un experto informático y defensor de derechos humanos mundialmente reconocido que enfrenta un proceso político-judicial en Ecuador desde abril de 2019. Al respecto, las organizaciones de la sociedad civil hemos decidido acudir, en calidad de observadores, a la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio del próximo 5 de marzo de 2020.
Diversas organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana e internacional se mantienen vigilantes en el caso de Ola Bini, activista por el software libre y experto en seguridad digital, y articulan esfuerzos para que Bini atraviese un juicio conforme a estándares de debido proceso y pueda ejercer plenamente todos sus derechos.
