"Observaremos la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Ola Bini"

Publicado el 2 Diciembre 2020
Actualizado por última vez en 11 Septiembre 2023

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Varios

Ola Bini es un experto informático y defensor de derechos humanos mundialmente reconocido que enfrenta un proceso político-judicial en Ecuador desde abril de 2019. Al respecto, las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana e internacional firmantes hemos decidido conformar una misión para observar la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio del próximo 3 de diciembre de 2020.

Dicha decisión se funda en una preocupación compartida: la posible falta de garantías para asegurar a Bini un juicio justo en el marco del Estado constitucional de derechos y justicia. Desde el inicio se ha evidenciado que este caso está atravesado por intereses políticos y por la constante interferencia indebida del gobierno nacional. En efecto, máximas autoridades del Poder Ejecutivo, como el presidente Lenín Moreno y la ex ministra de Gobierno, María Paula Romo, han realizado intervenciones públicas con el objeto de presionar a la función judicial. Este accionar ha despertado múltiples rechazos y el constante cuestionamiento de más de 100 organizaciones e instituciones nacionales e internacionales.

Observar esta audiencia es fundamental ya que este proceso constituye un caso paradigmático para Ecuador y la región. Una decisión judicial basada en presiones políticas indebidas, y no en criterios técnicos, traerá consecuencias negativas para la protección de los defensores de derechos humanos en general y la vigencia de los derechos digitales en particular.

Actualmente, el acceso a internet es cada vez más relevante en todos los procesos sociales, de tal forma, perseguir y criminalizar a activistas cuyo conocimiento técnico es clave para proteger los derechos humanos en el ámbito digital, implica un severo incremento del riesgo de su vulneración masiva.

Organizamos esta misión de observación con el fin de vigilar que se respete el derecho a un juicio justo impartido por una autoridad judicial independiente e imparcial, y para que las decisiones que se tomen se ajusten a criterios técnicos y expertos, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar la plena vigencia de los derechos humanos dentro y fuera del entorno digital.